La mujer de 87 años fallece en el hospital después de que su desahucio provocara una oleada de movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda

Maricarmen Abascal ha muerto este miércoles, 7 de octubre, a los 87 años. Su nombre se convirtió durante las últimas semanas en uno de los símbolos de la crisis de vivienda en España después de ser expulsada de la casa en la que había vivido durante más de siete décadas.

El pasado 23 de septiembre, Maricarmen fue desalojada de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro. La mujer, con problemas de movilidad, tuvo que ser evacuada en camilla y trasladada al Hospital Gregorio Marañón después del desahucio. El operativo estuvo acompañado por la protesta de cientos de personas que se habían concentrado para intentar impedir que abandonara su hogar.

Durante los días posteriores, Maricarmen permaneció ingresada. Desde el hospital llegó a enviar un mensaje en el que agradecía el apoyo recibido y pedía que se continuara luchando por el derecho a la vivienda: «No ha podido ser, pero por favor luchad», afirmó entonces.

Su caso provocó una respuesta social extraordinaria. Las movilizaciones se extendieron por Madrid y otras ciudades españolas, con concentraciones y acampadas que reclamaban medidas para proteger a los inquilinos vulnerables y frenar los desahucios de personas en situaciones especialmente delicadas.

La presión social terminó llevando a un acuerdo que, sobre el papel, permitía que Maricarmen pudiera regresar a su vivienda. Sin embargo, la solución llegó demasiado tarde. Según el Sindicato de Inquilinas, la mujer no pudo volver finalmente a su casa antes de fallecer.

La muerte de Maricarmen vuelve a colocar en el centro del debate la situación de miles de personas mayores y familias que afrontan dificultades para mantener su vivienda. Su historia ha dejado de ser únicamente la de un desahucio: se ha convertido en el rostro de una batalla política y social por el acceso a una vivienda digna.

Maricarmen quería morir en su casa. No pudo conseguirlo. Su caso, sin embargo, ha dejado una pregunta que seguirá sobre la mesa: ¿cuánto tiene que sufrir una persona para que el derecho a una vivienda digna deje de ser un debate político y se convierta en una prioridad?