La dirigente socialista afirma que la huelga general es «inédita» porque, según ella, no se dirige contra el Gobierno, sino contra los partidos que tumbaron los decretos de vivienda.

María Jesús Montero ha decidido poner nombre y apellidos al destinatario de la huelga general anunciada por los sindicatos. Y sus palabras han abierto un nuevo frente político en plena precampaña electoral.

La vicesecretaria general del PSOE y líder de los socialistas andaluces aseguró este martes que España vive una situación «inédita» porque, a su juicio, «habitualmente las huelgas generales se convocan contra los gobiernos» y en este caso «se convoca contra la oposición».

Montero relacionó directamente la movilización con el rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo. Según su interpretación, los sindicatos están utilizando la huelga como respuesta a los partidos de la oposición que votaron contra esas medidas.

Una afirmación que deja una pregunta en el aire

La frase de Montero resulta especialmente llamativa porque convierte una movilización sindical en un mensaje claramente dirigido contra determinados partidos políticos.

Los sindicatos, sin embargo, han defendido que el origen de la protesta está en la dificultad de acceso a la vivienda, el precio de los alquileres y la situación económica de los trabajadores. UGT y CCOO sostienen que la vivienda es un problema laboral y social que afecta directamente a las condiciones de vida de los trabajadores.

De hecho, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha rechazado que el adelanto electoral sea el motivo de la convocatoria y ha defendido que la movilización mantiene su sentido independientemente del calendario electoral.

La vivienda entra de lleno en la batalla electoral

La polémica llega apenas unos días después de que Pedro Sánchez anunciara elecciones generales para el 29 de noviembre, convirtiendo la vivienda en uno de los principales ejes del debate político.

En ese contexto, las palabras de Montero adquieren una dimensión especialmente política. La dirigente socialista no se limitó a defender el derecho de los sindicatos a movilizarse: identificó directamente a la oposición como destinataria de la protesta.

El problema es que la crisis de vivienda no empezó con la votación de los últimos decretos ni termina con ellos. El precio de los alquileres, la falta de vivienda asequible y la dificultad de muchos jóvenes para emanciparse llevan años formando parte del debate público.

Por eso, la declaración abre una cuestión incómoda para todos los partidos: si la vivienda se ha convertido en una emergencia social, ¿debe una huelga general servir para presionar al Gobierno, a la oposición o a ambos?

Los sindicatos se convierten en protagonistas de la campaña

La situación resulta todavía más delicada por la proximidad de las elecciones.

La huelga se plantea en noviembre, en plena campaña electoral, y su convocatoria coloca a las organizaciones sindicales en el centro de una batalla política que hasta ahora estaba protagonizada fundamentalmente por los partidos.

Montero considera lógico que los sindicatos respondan con su principal herramienta de presión ante lo que considera un retroceso en materia de vivienda. Pero al definir públicamente la huelga como una movilización «contra la oposición», la dirigente socialista introduce un componente político que los propios sindicatos han tratado de presentar como una reivindicación social y laboral.

La imagen que queda es, cuando menos, poco habitual: un Gobierno que sostiene que una huelga general no está dirigida contra él, una oposición que cuestiona las medidas de vivienda y unos sindicatos que preparan una movilización en plena campaña electoral.

Mientras tanto, el problema que ha provocado el conflicto sigue siendo el mismo: hay trabajadores que no pueden pagar el alquiler, jóvenes que no pueden emanciparse y familias que tienen dificultades para acceder a una vivienda.

Y esa realidad difícilmente cabe en un eslogan electoral.