La operación afecta a la gestión de activos de Sareb, la sociedad nacida del rescate bancario y controlada mayoritariamente por el Estado.

Hay anuncios que generan titulares y contratos que generan preguntas.

Mientras el Gobierno endurece su discurso contra los grandes fondos de inversión y promete actuar contra quienes considera responsables de parte de la presión sobre el mercado de la vivienda, una empresa vinculada a Blackstone acaba de hacerse con uno de los principales lotes para gestionar activos inmobiliarios de Sareb.

La adjudicación corresponde a Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria, que se ha hecho con el lote B del nuevo servicio global de gestión de activos de Sareb por 43,35 millones de euros sin IVA. El contrato forma parte de una licitación cuyo importe total adjudicado asciende a 85,22 millones de euros.

Y aquí aparece la parte que llama especialmente la atención.

Sareb no es una inmobiliaria cualquiera. Es la sociedad creada tras la crisis financiera para gestionar los activos procedentes de entidades rescatadas y el Estado controla actualmente la mayoría de su capital. Sus activos incluyen viviendas, suelos y otros inmuebles que, en teoría, también forman parte de la estrategia pública para ampliar la oferta de vivienda asequible.

El dinero público y los grandes fondos vuelven a encontrarse

La operación no significa que el Gobierno haya entregado 43 millones directamente a Blackstone para comprar viviendas. Eso no es lo que dice el contrato.

El dinero corresponde a un servicio de gestión inmobiliaria adjudicado a Aliseda.

Pero la pregunta política resulta inevitable: ¿hasta qué punto tiene sentido que una empresa vinculada a uno de los mayores fondos inmobiliarios del mundo participe en la gestión de activos de una sociedad controlada por el Estado mientras el propio Gobierno señala a los grandes fondos como uno de los problemas del mercado residencial?

Es una contradicción que merece, como mínimo, una explicación.

Porque la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos para millones de españoles. Los precios suben, el alquiler se dispara en muchas ciudades y cada vez resulta más difícil acceder a una vivienda.

Y mientras el Gobierno habla de limitar la especulación y aumentar el parque público, una empresa vinculada a Blackstone continúa ocupando una posición relevante en la gestión del patrimonio inmobiliario de Sareb.

Sareb ya trabaja con Aliseda

No es además una relación nueva.

La propia Sareb reconoce que la gestión comercial de buena parte de sus activos está delegada en diferentes servicers, entre ellos Anticipa-Aliseda. La compañía ya gestionaba millones de euros en activos inmobiliarios de Sareb antes de esta nueva adjudicación.

El nuevo contrato consolida, por tanto, una relación que viene de atrás.

Y aquí está el debate que el Gobierno tendrá que afrontar: una cosa es anunciar que se quiere limitar el poder de los grandes fondos en el mercado de la vivienda y otra muy distinta es prescindir de las empresas vinculadas a ellos cuando se trata de gestionar patrimonio inmobiliario.

El contrato es una adjudicación administrativa y, con la información disponible, no hay base para afirmar que exista una irregularidad.

Pero eso no elimina las preguntas.

¿Quién gana dinero gestionando la vivienda procedente del rescate bancario? ¿Qué papel deben tener los grandes fondos en un patrimonio inmobiliario controlado por el Estado? ¿Y cuánto de esa vivienda termina realmente destinada a solucionar el problema de acceso a la vivienda?

Porque al final, detrás de los millones, los fondos y los contratos, sigue habiendo una cuestión mucho más sencilla:

si la vivienda es una emergencia social, los ciudadanos tienen derecho a saber quién la gestiona, cuánto cobra por hacerlo y qué se hace realmente con ella.