Apenas días después del varapalo en el Congreso, donde la oposición y socios habituales tumbaron su paquete legislativo, Moncloa vuelve a la carga. El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar, por la vía rápida del Real Decreto-ley, el polémico escudo habitacional con el que busca blindarse políticamente ante la huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre y salvar los muebles de cara a las elecciones del 29-N.
La jugada genera máxima tensión parlamentaria. Con las Cortes disueltas y el país en plena precampaña, el Gobierno traslada ahora la patata caliente a la Diputación Permanente del Congreso, donde se arriesga a encajar un segundo rechazo en tiempo récord si no logra convencer a la bancada crítica.
Las claves del nuevo paquete normativo:
- Freno a desahucios e intervención de deudas: Se impone a las administraciones un plazo de dos meses para realojar a familias vulnerables impagadas. Si la Administración no ofrece una alternativa habitacional, será el propio Estado quien asuma y pague la deuda acumulada para paralizar el desalojo.
- Guerra a la especulación y los 'fondos buitre': Queda expresamente limitada hasta 2030 la compra de inmuebles por parte de fondos de inversión cuando pretendan adquirirlos con descuentos agresivos, superiores al 30% de su valor de tasación.
- Cierre de grietas en alquiler de temporada y por habitaciones: El Ejecutivo mete el bisturí en las triquiñuelas del mercado: exigirá justificación documental estricta para demostrar la temporalidad de un contrato. Si no se acredita la causa real, la ley recalificará el contrato como vivienda habitual. Además, tope inmediato al alquiler por habitaciones: la suma de los cuartos no podrá superar el coste del piso entero.
- Cheque comprador e incentivos IRPF: Se lanza una línea de préstamos del ICO al 0% de interés para financiar hasta 50.000 euros de la entrada de la primera vivienda, acompañada de reducciones fiscales en el IRPF para inquilinos y para caseros que rebajen las rentas.
Balón de oxígeno o choque institucional
Desde la patronal y los partidos de la oposición denuncian una maniobra electoralista a la desesperada para frenar el desgaste social en la calle, mientras que inquilinos y sindicatos advierten de que las medidas se quedan cortas si no hay un control de precios tajante en todo el territorio. La pelota está ahora sobre el tejado de la Diputación Permanente.
