El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta este viernes a una votación decisiva en el Congreso para convalidar dos decretos destinados a hacer frente a la crisis de la vivienda. La situación evidencia, una vez más, la dificultad del Ejecutivo para sacar adelante sus medidas sin el respaldo de sus socios parlamentarios.
El paquete incluye medidas como bonificaciones fiscales, protección frente a determinados desahucios, límites a determinadas operaciones de fondos de inversión y medidas sobre los alquileres. El segundo decreto plantea, además, la renovación automática de determinados contratos de alquiler.
Pero el Gobierno llega a la votación con los apoyos divididos. Podemos ha confirmado que votará a favor de ambos decretos, pese a considerar insuficientes algunas de las medidas. El PNV, en cambio, ha anunciado que apoyará el primer texto, aunque de forma crítica, pero rechazará el segundo al considerar que puede perjudicar al pequeño propietario.
La posición de Junts continúa siendo especialmente importante. La formación todavía debe decidir su voto y ha expresado objeciones tanto al contenido de las medidas como a su alcance. Una abstención de Junts podría ser suficiente para que el primer decreto saliera adelante si se mantienen determinados apoyos.
Pedro Sánchez ha elevado la presión política sobre sus socios y ha planteado la votación como una elección entre proteger a los ciudadanos frente a la especulación o proteger determinados intereses inmobiliarios. Un mensaje contundente que, sin embargo, no resuelve una de las principales críticas que rodean al Gobierno: si las medidas son suficientes para solucionar un problema que lleva años agravándose.
Desde el PP se rechazan ambos decretos. Los populares cuestionan su redacción jurídica y sostienen que las medidas no aumentan suficientemente la oferta de vivienda. Vox también ha anunciado su rechazo.
Mientras los partidos negocian en Madrid, la presión social continúa. Las movilizaciones y acampadas por la vivienda siguen activas, especialmente en Madrid, reflejando el creciente malestar por los precios de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda.
La cuestión de fondo sigue abierta: ¿pueden estos decretos aliviar realmente la crisis de vivienda o se trata de medidas de emergencia que no abordan el problema estructural de la falta de vivienda asequible? Incluso el PNV, que respaldará parte del paquete, ha advertido de que el decreto no constituye una solución integral.
El Congreso tendrá ahora la última palabra.