LA OPINIÓN DE MÁLAGA
La crisis de la vivienda ha pasado de las instituciones a las calles. La acampada de la Puerta del Sol afronta este jueves su sexta jornada consecutiva y se ha convertido en uno de los principales focos de presión política sobre el Gobierno ante la votación de los decretos de vivienda prevista para este viernes.
La protesta no se limita a Madrid. Durante los últimos días se han producido acampadas y movilizaciones en diferentes ciudades españolas, mientras los colectivos convocantes preparan nuevas manifestaciones para este fin de semana. En total, se han anunciado movilizaciones en más de una veintena de ciudades.
En Sol, los manifestantes reclaman medidas que vayan más allá de las aprobadas por el Gobierno. Una parte de los participantes considera insuficientes los decretos que el Congreso debe convalidar y reclama abordar, entre otras cuestiones, el precio de los alquileres, los desahucios y la falta de vivienda asequible. Algunos participantes incluso plantean continuar la movilización y organizar nuevas acciones a nivel estatal.
La presión social coincide con una situación parlamentaria complicada para el Ejecutivo. El PNV ya ha anunciado que apoyará el primer decreto de vivienda, pero votará en contra del segundo, que contempla la renovación automática de determinados contratos de alquiler. El Gobierno necesita ahora mantener otros apoyos para intentar sacar adelante su paquete legislativo.
Y mientras el Gobierno defiende sus medidas como una respuesta a la emergencia habitacional, la oposición cuestiona tanto su contenido como la gestión de las protestas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido a los tribunales para solicitar el desalojo de la acampada de Sol, argumentando que existen problemas relacionados con el uso del espacio público y la seguridad. La Delegación del Gobierno mantiene una posición diferente y defiende que se están siguiendo los procedimientos correspondientes.
El enfrentamiento político añade así una segunda batalla al problema de fondo. Mientras unos reclaman más intervención pública y protección para los inquilinos, otros advierten de los efectos que determinadas medidas pueden tener sobre los propietarios y sobre la oferta de alquiler.
La realidad es que la vivienda se ha convertido en uno de los principales conflictos políticos y sociales de España. El Gobierno intenta responder mediante decretos urgentes, la oposición cuestiona su estrategia y miles de ciudadanos reclaman en la calle medidas que consideran más profundas.
La incógnita ahora es si las decisiones que tome el Congreso conseguirán rebajar la tensión o si, por el contrario, las movilizaciones terminarán convirtiéndose en un conflicto político todavía mayor.
Este viernes, con la votación de los decretos, llegará uno de los primeros momentos decisivos.