EL PERIÓDICO
La Audiencia Provincial de Barcelona ha aplicado la Ley de Amnistía a Marta Rovira, exsecretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, por la causa relacionada con la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Rovira estaba procesada por un delito de desobediencia. La Audiencia considera que los hechos investigados están incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía y que no concurre ninguno de los supuestos de exclusión previstos en la norma.
La decisión pone fin a una causa que llevaba abierta desde 2018. Rovira permaneció durante más de seis años en Suiza y regresó a España en 2024. El Tribunal Supremo había remitido el procedimiento a la Audiencia de Barcelona al considerar que esta era la instancia competente para decidir sobre su situación.
Desde Esquerra Republicana se ha recibido la resolución como un paso más en la aplicación de la amnistía. Oriol Junqueras ha reclamado además que la norma se aplique al resto de causas pendientes relacionadas con el procés.
Pero la decisión vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que continúa generando una fuerte división política: hasta dónde debe llegar la Ley de Amnistía y qué consecuencias debe tener para quienes participaron en el proceso independentista de 2017.
Sus defensores sostienen que la amnistía es una herramienta para cerrar una etapa de conflicto político y judicial en Cataluña. Sus detractores consideran que supone una excepción al principio de responsabilidad penal y cuestionan que determinadas actuaciones vinculadas al procés queden sin consecuencias judiciales.
El debate, además, está lejos de terminar. Otras causas relacionadas con dirigentes independentistas continúan pendientes de resolución y el Tribunal Constitucional mantiene abierto el análisis de cuestiones relacionadas con la aplicación de la ley.
La decisión sobre Marta Rovira demuestra que la amnistía ya no es únicamente una cuestión parlamentaria: sus efectos están teniendo consecuencias concretas en los tribunales y vuelven a situar el conflicto catalán en el centro de la política española.
Y la pregunta política sigue abierta: ¿la aplicación de la amnistía contribuye a cerrar definitivamente el conflicto catalán o prolonga una disputa que España todavía no ha conseguido resolver?